Solicitan al Ente Regulador que sugiera al gobernador revocar la concesión de la empresa CoSAySa

Debido a los graves y reiterados incumplimientos en el otorgamiento de los servicios

De forma unánime fue aprobado hoy el Proyecto que solicita al Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta que analice la pertinencia de ejercer la potestad prevista en el artículo 36 de la Ley 6835, respecto a la empresa CoSAySa, sugiriendo al gobernador la revocación de la concesión otorgada por Decreto. Motiva el pedido las graves y reiteradas violaciones e incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias regulatorias de los servicios a su cargo.

El concejal Gastón Galíndez (RP), autor de la iniciativa, se refirió a la normativa, afirmando: “Este Proyecto busca hacerse eco de todos los reclamos de los vecinos que no son de ahora. En su mayoría tienen tres vertientes: lo que tiene que ver con la demanda por una deficiente prestación del servicio de agua potable; la falta de previsión en el cuidado de los bienes públicos como son las calles y la defensa del patrimonio hídrico de la provincia”. También sostuvo: “Esto va en contra de la falta de un plan concreto de inversión y de protección de los bienes públicos. Cuando vamos a los barrios el vecino nos reclama a nosotros, a los concejales, al intendente. El Ente Regulador tiene una facultad sancionatoria en varios de sus artículos, justamente el 36 habla de la posibilidad de aconsejar al gobernador de revocar la concesión, producto de la falta de cumplimiento. Pedimos que la respuesta sea con obras para los vecinos”.

En los Considerandos de la Declaración se explica que la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSAySa) fue constituida mediante el Decreto Nº 2195/09, teniendo por objeto social la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en toda la provincia. Por dicho instrumento legal, asumió también las obligaciones de mantener las condiciones operativas del servicio, mantener los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que integran la Unidad de Afectación en las condiciones que los recibió. Sin embargo, las denuncias de los vecinos por el mal servicio crecieron en un 31%, respecto al mismo periodo de 2016, registrándose en los primeros seis meses del año 542 denuncias contra Aguas del Norte. El año pasado, mientas tanto, se contabilizaron 1440 en toda la provincia.

Galíndez, en su alocución, se refirió a cada uno de los puntos planteados. En relación a la deficiente prestación del servicio de agua potable, sostuvo: “Esto no lo dice un concejal, sino un Ente Regulador en las distintas comunicaciones públicas que hay en relación a la cantidad de reclamos que tiene la empresa”. Como ejempló el concejal, señaló los dichos de una vecina de barrio El Mirador, quien dio a conocer que le dan el agua a las 6 de la tarde y que tiene que lavar la ropa y asear a sus hijos a la noche. “Mientras que en el centro nos dicen que el 80% del día no tienen presión de agua. Esto habla a las claras de la falta de un programa de inversión e infraestructura”, agregó. Sobre la defensa del patrimonio hídrico de la provincia, afirmó: “La obligación de la Ley 7017, en su artículo 7º, establece que se debe regular la defensa del patrimonio hídrico de la provincia, estableciendo reservas para el abastecimiento de las poblaciones y demás usos de interés general. Hace pocos escuchamos el informe del CIF que hablaba de la contaminación del río Arenales, no veo que estemos cuidando los ríos como lo establece la norma y esto es deber de la autoridad de aplicación”. Al respecto del cuidado de los bienes públicos como son las calles, sostuvo; “Me pregunto si no deberíamos ponernos de acuerdo en que cada vez que se haga una calle se cambien las cañerías”.

La concejal Romina Arroyo (SD), por su parte, hizo referencia a la situación que padece barrio El Cambio y toda la zona oeste alta. “Tienen problemas gravísimos de agua y cloaca. Se agrava más aún si tenemos en cuenta que es una de las necesidades básicas de las personas, pero lamentablemente a los vecinos que viven ahí se les rebalsan las cloacas en sus viviendas y los chicos tienen contacto con aguas servidas. Algo sumamente peligroso”.

Ángela Di Bez (Primero Salta) tomó también la palabra para manifestar: “No van a invertir porque hoy el gobierno no lo considera una inversión sino un gasto y no les importa porque nada se tolera mejor que el dolor ajeno. Realmente ir a los barrios y ver esa gente que no tiene agua ni cloaca es doloroso, el gobernador debería saber que el derecho al agua es supraconstitucional e inherente al ser humano, que le da dignidad, salud y vida”. Y agregó: “Todos sabemos que los niños que viven en barrios donde no hay agua corriente ni cloaca se desarrollan en sus dos primeros años de vida un 45% menos que los que gozan de estos servicios”.

Finalmente, Mirta Hauchana (PO) sostuvo: “Es necesario reclamar al gobernador que garantice el presupuesto necesario para los vecinos que piden agua y cloacas desde hace muchos años, también para la falta de inversión de las cañerías que están desde la década del 90”.

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